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El Ministerio Público Federal Brasileño estudia la posibilidad de pedir la suspensión de la expulsión de las comunidades indígenas afectadas por Belo Monte

« Hablamos con personas que desde el comienzo sabían que iban a ser las más afectadas por el proyecto: los rivereños y los pescadores del río Xingu, y la realidad nos golpeó. Las dificultades que tienen son mucho más grandes de lo que habíamos imaginado al principio», dijo el procurador de la República Felício Pontes a la Agencia Brasil.

Actualmente, un reporte de la visita está siendo realizado con el fin de ser enviado en los próximos días al Consorcio Nord Energie, responsable de la construcción del complejo de represas. La propuesta es la de esperar el veredicto del consorcio sobre los problemas señalados por las personas que realizaron la inspección y sus propuestas para superarlos. Sin embargo, además de negociar con el Consejo de los Derechos del Individuo una recomendación conjunta para intentar suspender la expulsión hasta que los problemas sean resueltos, el procurador adelantó que hace falta estudiar la hipótesis en la que el MPF encausa un proceso judicial para intentar rever el monto de las indemnizaciones que están siendo pagadas a título de reparación financiera.

Según Pontes, las indemnizaciones no son suficientes para que las familias de los rivereños y pescadores preserven sus recursos y su nivel de vida. « Los montos son muy bajos, calculados a partir de las casas de madera y paja que habitan estas personas, ignoran el hecho de que aquellas obtienen sus recursos de los lugares donde viven y pescan. Las pérdidas resultantes de la imposibilidad de continuar ejerciendo su actividad económica no son consideradas en las indemnizaciones pagadas.»

De acuerdo con el procurador, los pescadores cuentan que, con motivo de las intervenciones en el río Xingu, la producción individual semanal bajó de 3 toneladas a 7 kilos de pescado. « Es una situación difícil. Lo es desde antes de que el complejo de represas haya comenzado a funcionar. El consorcio no quiere aceptarlo. Quiere indemnizar a las personas tomando en cuenta solamente el valor de las humildes construcciones, que en muchos casos son sólo chozas. O transferir a las familias hacia emplazamientos urbanos, lejos del río, donde los rivereños y pescadores no contaran con su principal fuente de ingresos »

Pontes no pudo precisar la cantidad de personas que pueden ser afectadas por el proyecto, ya que no hubo acceso al catastro socio-ambiental de los habitantes de las zonas afectadas. La producción de ese catastro es responsabilidad del consorcio y el procurador afirma que no se realizó. Nord Energie garantiza haber hecho el estudio completo y haber provisto las informaciones del Ibama para obtener la autorización medioambiental. Según el Movimiento de personas Alcanzadas por la Represa (Mouvement des personnes Atteintes par le Barrage - MAB), el autor de las denuncias de violación de los derechos humanos de las comunidades tradicionales, más de 3.000 familias ya censadas son obligadas a aceptar la reparación financiera sin tener la posibilidad de optar por un arreglo.

El procurador piensa que los problemas identificados por las personas que visitaron las comunidades afectadas violan las previsiones legales como la Convención 169 de la Organización International del Trabajo (OIT) – del cual Brasil es signatario y que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados con el fin de preservar su modo de vida – y las propias condiciones establecidas por el Ibama para autorizar los trabajos. « Hay una violación de las leyes y de las condiciones establecidas para que el proyecto se convierta en viable desde el punto de vista socio-ambiental.»

Contactado por los inspectores, el Ibama confirmó su participación en la elaboración del reporte de la visita, en el cual serán « examinadas minuciosamente » las eventuales condiciones no cumplidas que aparecen en el permiso de explotación ambiental de Belo Monte.

Señalamos que Nord Energie afirmó cumplir con todas las condiciones establecidas en el Plan Básico Ambiental, cuya aplicación es verificada por los organismos que otorgan los permisos de explotación. El consorcio explicó que, de hecho, los pescadores son indemnizados solamente por mejoras realizadas en los lugares donde viven y no por sus propiedades, las que pertenecen al Estado Federal. En las islas que serán sumergidas, por ejemplo, Nord Energie dice que no hay casas sino unas construcciones rudimentarias que sirven como abrigo a los pescadores que se detienen en estas islas. El consorcio se compromete no sólo a pagar indemnizaciones por estas instalaciones, sino también a construir otras en islas que no van a ser inundadas.

En lo que respecta a los pescadores que opten por ser transferidos a otras zonas, Nord Energie asegura que los lugares elegidos están dentro de la distancia máxima admitidas en el Plan Básico Ambiental. El consorcio afirma no haber constatado la disminución de peces como consecuencia del proyecto y lamenta que los representantes del MPF hayan permanecido sólo dos días en la región, « plazo insuficiente para cualquier análisis profundo de la realidad de la región». Según la empresa, muchas autoridades públicas y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) combaten el complejo de embalses de Belo Monte « por cuestiones simplemente ideológicas».

© EBC / Agência Brasil - traducido por Alicia Berardino / artículo original