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La elección de los patrocinadores de la COP21 pone en evidencia las incoherencias del Gobierno en materia de protección del medio ambiente

El Gobierno Francés había apelado (con el aval de las Naciones Unidas) a las empresas francesas para obtener como mínimo 20% de financiamiento externo. Si la secretaría general de la COP21 contaba inicialmente con un presupuesto disponible de 165 millones de euros, el gobierno francés parece estimar hoy el presupuesto a algo más de 187 millones de euros, de donde una necesidad cada vez más crucial de obtener un financiamiento externo.

La participación de las primeras veinte empresas anunciadas que son la aseguradora Axa, la Caja Central de Reaseguro, Generali, BNP Paribas, la Caja de Depósitos y Consignaciones, Suez Environnement, el Sindicato de Aguas de Île-de-France, Derichebourg, EDF, ERDF y Engie (antiguamente GDF-Suez), Air France, Galerías Lafayette, Ikea, JCDecaux, LVMH, Michelin, La Poste, Renault Nissan, y ACI, debería financiar el logotipo « Partenaire officiel Paris 2015 » durante un año.

Parece como si la atribución de esta etiqueta conllevase un riesgo, denunciado por muchas ONG : permitir a estas empresas disimular sus actividades nocivas para el medio ambiente mediante una operación de greenwashing.. 

Muchas ONG ambientalistas (Les Amis de la Terre, Attac France, le Corporate Europe Observatory, WECF et 350.org) ya se manifestaron en contra de esta noticia con un comunicado común en el cual declaran que « la lista de mecenas de la 21° conferencia de la ONU sobre el clima (…) comprende multinacionales francesas que no son compatibles con el clima ».

Según Malika Peyraut de Les Amis de la Terre, « La mayoría de las empresas elegidas emiten masivamente gases con efecto invernadero responsables del cambio climático, como EDF o Engie cuyas centrales de carbón provocan, sólo ellas, emisiones equivalentes a cerca de la mitad de las emisiones de Francia ». Maxime Combes (Attac France) se plantea las siguientes preguntas: « ¿   Confiaríamos la lucha contra el tabaquismo a las tabacaleras ? ¿  Por qué lo hacemos entonces con el clima ? ».

« Los socios están ahí porque su actividad es compatible con un alto nivel de exigencia ambienta l » defiende Laurent Fabius. Según él, « todas estas empresas son las amigas del clima ». « Se comprometen verdaderamente por el clima » agrega, ya que mientras que « hubo cierta cantidad de empresas que fueron aceptadas, otras (…) fueron rechazadas, y hay que permanecer vigilantes – este es el caso – para que estas empresas, no sólo no tengan efecto negativo, sino que se impliquen realmente en el cambio climático », recalcó en una entrevista dada a France Inter el 28 de mayo de 2015.

Sin embargo, según Celia Gautier de Le Réseau Action Climat, « lo que sorprende es que el gobierno no eligió ni siquiera a los actores de la transición ». En efecto, « no hay, a priori, exclusión. Las puertas no están cerradas  », indica Pierre-Henri Guignard, Secretario General de la Organización de la COP21, si no es por « un análisis de su nivel de RSE (Responsabilidad Social de la Empresa) y su crédito en materia de desarrollo constante », y un « diálogo privilegiado con las empresas que adhieren al “global compact” (pacto internacional no-vinculante patrocinado por las Naciones Unidas, al cual las empresas pueden voluntariamente adherir comprometiéndose a publicar informes anuales sobre sus iniciativas, supuestamente favorables para el medio ambiente). Añade, finalmente, que « en realidad, la participación en el mecenazgo de la COP21 constituye la prueba de ser una empresa ejemplar en el campo de su actividad, de estar a la escucha de la sociedad civil y de ser capaz de justificar a largo plazo sus opciones ambientales, especialmente en materia de lucha contra el cambio climático ». Estas medidas de control y de verificación del impacto ambiental de las empresas deseosas de participar en el financiamiento de la COP21, parecen pues muy superficiales. De ello resulta que « la COP21 será financiada por campeones de la polución », declara Armelle Le Comte, responsable del Alegato Clima en Oxfam.

Estos elementos, pese a todo, contrastan con la reciente participación de EDF en el financiamiento de presas hidroeléctricas con consecuencias desastrosas para el medio ambiente. Es pues difícil imaginar cómo las negociaciones durante la COP21 podrán avanzar hacia una mejora del tratamiento de las selvas del Amazonas, cuando dos de los veinte mecenas de la COP21 son, ellos mismos, accionistas de grandes proyectos de presas, controvertidos por su dramático impacto sobre el ecosistema en el Amazonas. EDF no sólo es accionista del consorcio encargado de la presa del Pequeño Salto en Guyana, construida en la Amazonía francesa, sino también del 51% de las partes del consorcio encargado de la construcción de la presa de Sinop (como fue anunciado por el diario oficial brasileño en septiembre de 2014), además de las de São Luiz do Tapajós y de Jatobá.

Ya es de notoriedad pública que empresas tales como GDF-Suez (ENGIE), Alstom, et EDF participan en tales proyectos con consecuencias graves e irreversibles sobre el medio ambiente, y esto tanto en el Amazonas como en otros lugares. Es, en particular, el caso de la presa Nam Theun 2 construida sobre el Mékong (y de la cual EDF es accionista mayoritario), que emitirá importantes cantidades de metano, gas con efecto invernadero más potente aún que el CO2, según un estudio del CNRS publicado en el diario Biogéosciences el 13 de agosto de 2014. Esta presa, sin embargo, fue presentada por EDF como un ejemplo de “sostenibilidad”.

Estas revelaciones no son las primeras, y las presas de Nachtigal en Camerún o incluso las de Mphanda Nkuwa en Mozambique van a contar, ellas también, con la participación de EDF, a pesar de las protestas y los perjuicios que tales construcciones podrían ocasionar sobre el medio ambiente, especialmente con la destrucción del ecosistema, el desplazamiento de poblaciones, la emisión de cantidades extraordinarias de metano, sin mencionar los riesgos sísmicos insuficientemente evaluados.

Es, sin embargo, bastante sorprendente que el gobierno haya recurrido a estas empresas, pese a la reacción de los parlamentarios durante la intervención de los Caciques Raoni Metuktire y Megaron Txucarramãe en la Asamblea Nacional el 3 de agosto de 2014. Estos, no poco impresionados por su conducta, expusieron su recelo ante las advertencias hechas a Alstom y EDF por su participación en la construcción de presas en el Amazonas. Particularmente representativa fue la respuesta de M. Harlem Désir, secretario de Estado encargado de asuntos europeos, que respondía al Sr. Jean-Louis Roumegas (cuestionando si se podía esperar ver al gobierno francés adquirir « compromisos para que Francia y sus empresas no colaboren más en proyectos que repercuten negativamente en el medio ambiente y los derechos humanos ») que « la presa de Belo Monte va a permitir llevar la electricidad a 18 millones de personas ». Confirmaba al mismo tiempo « la opción de Brasil de hacer reposar su producción de electricidad principalmente sobre energías renovables ».

Esta respuesta decepcionante, que refleja una postura tímida y mitigada del gobierno francés ante las urgentes medidas ambientales que se imponen, y que contrasta con el discurso sostenido por el gobierno brasileño, es hoy ratificada por la decisión de recurrir a empresas francesas notoriamente irrespetuosas de los recursos naturales en el Amazonas para la financiación de la COP21. Esto no puede se un buen presagio ni para futuras negociaciones ni para las necesarias reformas que no podrán salir adelante sin una fuerte y pronta movilización de la sociedad civil.

© Planète Amazone 2015 - traducido por Alicia Berardino