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Brasil según Dilma Rousseff: una dictadura económica en guerra abierta contra los defensores de la Amazonia ?

Hace casi dos meses, Brasil acogía la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Rio de Janeiro. Decepción en el mundo, Rio+20 resultó en un documento sin ambición. La Cumbre de la Tierra hace 20 años ya está lejos. Los financiamientos se desbloquean difícilmente, ningún país impuso su liderazgo para negociar un acuerdo para enfrentar los desafíos. Europa está sumida en la crisis de la eurozona, incapaz de influir en las negociaciones.

Sin embargo, Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, en aquel momento a la tribuna, declaró: "Estamos reunidos en Rio de Janeiro para realizar progresos ambiciosos, para dar pruebas de valor, para asumir responsabilidades. Estamos aquí porque el mundo exige un cambio." Lindas palabras pero actos en contradicción con esas,  porque desde hace varios meses en Brasil, en el Estado del Para, en la Amazonia profunda, y por lo tanto lejos del centro de atención, tiene lugar una guerra.  Lo que está en juego es la destrucción de espacios de selvas y de ríos todavía vírgenes y la pérdida de los derechos a la tierra de sus guardianes, los pueblos indígenas quienes están viviendo allá. Fue la propia Presidenta de Brasil quién declaró esa guerra a las poblaciones indígenas de Xingú, imponiendo por la fuerza la construcción de la mega represa hidroeléctrica de Belo Monte, un inmenso complejo de presas. De construirse, sería la tercera más grande del mundo.

Belo Monte es el Caballo de Troya de una explotación irresponsable de la selva amazónica cuyo papel ecológico y climático es mayor para la Humanidad entera. Para desarrollar su potencial energético y confirmar su lugar en el círculo privado de las grandes potencias mundiales, Brasil decidió construir hasta 60 represas sobre los afluentes amazónicos, cuya ambición – según dicen- es aprovisionar en electricidad a las grandes ciudades del sur del país, pero, en los hechos,  principalmente a yacimientos mineros considerables.

En esta carrera desenfrenada, Belo Monte, escaparate de la administración Rousseff, parece ser la solución ideal ya que está supuesto–según nos dicen-  producir una energía "limpia". La realidad es totalmente distinta: su construcción, iniciada desde hace un año, se tragaría finalmente más de 668 km² entre los cuales 400 km² de, bosque primario generando así enormes cantidades de metano (un gas de efecto invernadero  por lo menos 25 veces más contaminante que el dióxido de carbono). Se desplazarían a más de 20 000 personas y por lo menos 24 pueblos indígenas verían su forma de vivir destrozada a causa de la rarefacción de los recursos alimenticios: un etnocidio a corto plazo.

•    Brasil se ha comprometido desde 1988 a reconocer los territorios indios, demarcarlos y protegerlos. Fue ayudado en esto por los países del G-7, a través del más ambicioso programa internacional de protección del medio ambiente jamás concebido, el PPG7, lanzado oficialmente en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992. El país también se ha comprometido frente a la Comunidad internacional con consultar esas poblaciones cuando podrían verse afectadas por proyectos en sus tierras. Pero el complejo de represas de Belo Monte puso en tela de juicio todos estos principios establecidos: los pueblos indígenas no fueron consultados antes del inicio de las obras.  Estas afirmaciones de hecho son hoy en día reconocidas y criticadas por las Naciones Unidas quienes  llamaron la atención a Brasil desde 2009. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Federal brasileña ya han pedido todos al Brasil de cambiar de actitud y  respetar sus compromisos, particularmente él de consultar previamente a las poblaciones indígenas. En respuesta,  Brasil practica la política de la silla vacía, cuando se le convoca a Washington, repatría a su embajador y nombra a los jueces ordenados para cancelar cualquier conclusión contraria a sus intereses.

Mientras tanto, la deforestación hace estragos a fin de dar paso a una agricultura extensiva ecológicamente desastrosa que despoja a los pueblos indígenas de los derechos territoriales y pone literalmente en peligro su forma de vida ancestral.

Esperanza. 14 de Agosto de 2012, una decisión histórica del tribunal federal regional de la primera región, adoptada por unanimidad por los jueces presentes, invalida la licencia de las represas hidroeléctricas de Belo Monte y Tele Pires. Se declara ilegal la autorización de construir dada por el Congreso Nacional. La razón es que no se consultó previamente el proyecto con las poblaciones indígenas afectadas.  Ordenaron la detención de las obras el mismo día, so pena de una multa de 200 000 euros por día. La justicia, garante de la democracia, triunfó. La noticia da la vuelta al mundo y las ONG anuncian el acontecimiento con la prudencia de rigor. En el pasado, la administración Rousseff ya ha forzado todas las cerraduras constitucionales y jurídicas destinadas a impedir el proyecto. ¿Van a ser las cosas diferentes hoy, después del discurso de Rio+20? mientras que la Copa del Mundo de Fútbol y los Juegos Olímpicos de Rio se perfilan y ahora que la movilización contra Belo Monte se ha universalizado?

Rabia. El 28 de Agosto de 2012, los resistentes reciben la confirmación de que no pueden esperar nada más de la justicia de su país, que no se les permite  sentirse a la vez indígena y plenamente brasileño en un país que, después una larga experiencia militar, inaugura una nueva forma de dictadura, hábilmente disfrazada con sus adornos de potencia económica emergente. En efecto, el Presidente de la Corte Suprema Ayres Britto acaba de autorizar la reanudación de la construcción de Belo Monte y, por lo tanto, suspender la decisión del 13 de agosto, sin ninguna encuesta anterior y a petición del gobierno brasileño. Cumplida en la noche del 23 de agosto, la parálisis  de la obra, después de meses de batallas jurídicas, habrá resistido cuatro días de los cuales dos laborables si tomamos en cuenta el fin de semana. ¿Todo eso para eso? El 4 de septiembre, le toca al Ministerio Público Federal pedir al Presidente de la Corte Suprema que reconsidere su decisión. El Procurador General de la República, Roberto Gurgel, y la Vice-Procuradora General, Deborah Duprah recuerdan que el Congreso Nacional habría tenido que consultar a los Indígenas antes del lanzamiento de las obras de Belo Monte. ¿Se les va a escuchar?

Peor todavía, una información desconcertante arma una vez más una gran confusión y hace todavía más sospechosa la determinación de Estado brasileño: Belo Sun Mining Corporation, empresa canadiense, está al punto de explotar a 15 km del complejo de represas de Belo Monte un yacimiento de oro nuevamente descubierto. El informe del impacto sobre el medio ambiente del proyecto nos informa que el más gran proyecto de explotación de oro en Brasil estará aprovisionado por… Belo Monte!  ¿Tiene realmente la central hidroeléctrica como objetivo  aprovisionar las ciudades del sur en energía? Es difícil creerlo  cuando se estudia la dramática historia de la industrialización de Amazonia durante los cuarentas últimos años.

Pueblos indígenas, asociaciones y movimientos ecologistas o de protección de los derechos humanos: todos denuncian una mascarada. La sociedad civil brasileña e internacional (Movimiento Gota d’Agua, Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, Avaaz, Amazon Watch, Planète Amazone…) manifestaron, presentaron una petición… en vano. Pues, las obras empezaron de nuevo como si nada  y en la indiferencia casi general. No obstante, ese acontecimiento es la señal de un vuelque del  país hacia una forma de autoritarismo económico que hace pensar en la Rusia de Putin o la China despertada de los principios del siglo XXI.

Los pueblos del mundo jugaban su futuro en Rio+20, los pueblos indígenas juegan su vida en el Estado del Para. Como si la taza no estuviera bastante llena, además de la denegación de justicia, se añade lo que se puede calificar sin exageración de verdadera persecución por parte del Brasil de Dilma Rousseff contra las poblaciones indígenas del país que ella dirige. Este mes, el gobierno brasileño emitió la Ordenanza 303 la cuál prevé revisar a la baja, de acuerdo con el interés superior del Estado, las demarcaciones de las tierras indígenas, obtenidas a fuerza de grandes luchas, es decir dando prioridad a los proyectos industriales sobre el derecho a la tierra de estos pueblos amenazados. Al mismo tiempo, Brasil quiere reformar su código forestal bajo la influencia del lobby de los explotadores forestales y cultivadores. Aunque la Presidenta Dilma Rousseff ya puso un veto parcial, las modificaciones al Código Forestal de 1965 van a permitir la apropiación de las tierras indígenas por cultivadores quienes, luego, podrán revenderlas a grandes agroindustrias. Los autores de los asentamientos ilegales en los territorios indígenas no serán expropiados sino amnistiados. Una aspiración al aire para todos los que codician sus tierras. ¿Usted dijo  "prueba de valor" y "asumir sus responsabilidades»?

La oposición a la construcción del complejo de represas de Belo Monte no es una lucha entre tantas otras. Por eso, los ciudadanos del mundo entero son cada día más numerosos para expresar su indignación frente a la obstinación de la Presidenta Dilma Rousseff por querer seguir a todo costo ese proyecto tan criticado, cuyos perjuicios colaterales pesarán mucho sobre las generaciones futuras. Belo Monte es un símbolo porque ataca el corazón de la selva amazónica, el "pulmón verde" de nuestra planeta, defensa natural contra el cambio climático, y a sus poblaciones las más emblemáticas, entre quienes el pueblo del Cacique Kayapo Raoni, figura de proa de la lucha para la preservación de la selva amazónica desde hace más de 40 años. Un símbolo, porque Dilma Rousseff intenta imponerlo en un momento cuando la Humanidad se encuentra en la encrucijada, cuando ya sabemos que la destrucción del medio ambiente y de los ecosistemas indispensables a la vida es un camino suicida para nuestra especie. Un símbolo, porque pone brutalmente en confrontación dos modelos de desarrollo: él de nuestra civilización y él de los pueblos primeros, mientras que una cohabitación inteligente y provechosa para todos es opcional. El proyecto Belo Monte plantea una cuestión crucial: cuál puede todavía ser el lugar de la Naturaleza y de la vida en el esquema económico y de sociedad del Hombre del siglo XXI?

Los países desarrollados son cómplices de esta marcha atrás del derecho en Brasil. Participamos activamente a la violación de los derechos humanos en este país dejando que empresas europeas firmen contratos en el Estado brasileño. Hoy en día, Alstom, GDF Suez, Voith-Siemens y Andritz están asociados en proyectos de represas en Amazonia, entre los cuales represas gigantes que no pueden considerarse fuentes de energía verde. El Estado es algunas veces accionista de esas empresas e invierte el dinero de nuestros impuestos en la destrucción de la Amazonia y de sus pueblos. Ya no podemos callarnos y esperar que el baile diplomático de la ONU haga su lento y precioso trabajo de salvaguardia.

Pensamos que el gobierno francés tiene el deber de condenar firmemente la actitud del Brasil y de denunciar esta justicia amordazada al servicio de una ganancia económica a corto plazo.

Pensamos que gobierno francés tiene el deber de no gastar los fondos públicos en proyectos que se mofan de los derechos humanos y destruyen ecosistemas irreemplazables y vitales para nuestro futuro común.

Hoy en día, más que nunca, el pueblo tiene que encargarse de su destino. Nosotros, ciudadanos franceses, no debemos olvidar que somos también ciudadanos europeos y ciudadanos del mundo; tenemos que estar listos para boicotear empresas francesas, europeas y otras que se hacen cómplices de tales maniobras. Como consumidores, tenemos por ejemplo la posibilidad de hacer elecciones con respeto a nuestros proveedores de energía doméstica, exigir una trazabilidad irreprochable para la madera que utilizamos, para el soja, la carne, el cuero, el aluminio y el aceite de palma importados de Amazonia que consumimos, a menudo sin saberlo nosotros (todos estos productos constituyen los factores principales de la deforestación).

Porque la Presidenta Dilma Rousseff está convirtiendo la democracia brasileña en una dictadura económica que aplasta el Hombre y la Naturaleza; algunos piden ya a los deportistas franceses de pensar en un boicot de la Copa del Mundo de Futbol en 2014, y de los Juegos Olímpicos en 2016, ambos planificados en Rio de Janeiro, si la sexta potencia del  planeta no cambió de política hasta estos plazos. Nosotros pensamos en cualquier caso que hace falta tomar medidas concretas desde ahora, en nuestra vida diaria, para acabar con nuestra participación a esta muerte planificada de la Amazonia y de sus pueblos.

Para que los Indígenas del Brasil no se conviertan en los Tibetanos de Amazonia, y el "Pulmón de la Tierra", el cáncer de nuestra civilización.

PLANÈTE AMAZONE – SEPTIEMBRE DE 2012

IMAGEN: el Jefe Raoni y 500 indígenas expulsados en Rio+20

Grito de guerra. Una especie de muro humano compuesto por 120 militares y policías armados con escudos, caretas antigás, granadas y cascos impide a un grupo de 500 Indios, armados con flechas, lanzas y garrotes, llegar a la zona securizada del Riocentro donde tiene lugar la Cumbre de los Jefes de Estados de Rio+20. La confrontación no ocurrió. Probablemente intimidados por el aparato militar, los Indígenas prefirieron sentarse frente a la barrera. Dirigidos por el Jefe Raoni, de la etnia Kayapo, abandonaron su proyecto de invasión (…), el Secretario General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, habiendo apaciguado los espíritus.
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Traducción : Anthony Bahuaud