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Ocupan de nuevo las obras de Belo Monte

Una nueva ocupación de manifestantes contrarios a la construcción de Belo Monte, la polémica hidroeléctrica que Brasil ha autorizado en plena Amazonía, ha obligado al consorcio gestor del proyecto a suspender las obras temporalmente por «motivos de seguridad».

El consorcio Norte Energía, que se adjudicó el contrato para la construcción y operación de la que será la tercera mayor represa del mundo, informó de que un grupo de indios y pescadores ocupó los puestos de vigilancia y se apoderaró de una ambulancia y un autobús, cuyo conductor sufrió heridas leves.

Unas 80 personas invadieron el lunes por la noche el área en la que se ha levantado una pequeña presa provisional, próxima a uno de los centros de trabajo de Belo Monte, para desviar las aguas del río Xingú, en el estado amazónico de Pará.

Algunos empleados, agrega la nota de la empresa, fueron retenidos brevemente por los manifestantes, por lo que se ordenó la retirada de los 900 empleados que están en ese sector, conocido como Pimentel, uno de los tres en los que avanzan las obras.

Inundación a gran escala

Según la organización no gubernamental Amazon Watch, la ocupación fue decidida por una «alianza sin precedentes de pescadores y pueblos indígenas amazónicos», como los Xipaya, Kuruaia, Parakana, Arara, Juruna, y Assurini, decididos a permanecer en el lugar hasta que Norte Energía cumpla los compromisos que asumió en julio, cuando llegó a un acuerdo con otro grupo de manifestantes, para mitigar los daños ambientales que motivará la hidroeléctrica.

La plataforma conservacionista asegura que a lo anterior hay que añadir «el incumplimiento de la mayoría de las condiciones legales relativas a la construcción de la presa, la falta total de diálogo con los pescadores locales y la amenaza inminente de inundación a gran escala de áreas próximas a la ciudad de Altamira».

Impacto irreversible en la Amazonía

La construcción de Belo Monte, cuyas obras también han sido paralizadas en otras ocasiones por decisiones judiciales, comenzó en marzo de 2011 en la localidad de Altamira, en el estado norteño de Pará.
Al proyecto, que alcanzará el máximo de 11.233 megavatios de generación eléctrica en las épocas de mayor crecida del río Xingú, se oponen las tribus indígenas y los movimientos ecologistas, que alegan que la obra tendrá un impacto irreversible en la Amazonía.

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